Utopías de transparencia: semana del blanqueo y debate sobre fondos para partidos

 

La molicie invernal, que ha mantenido a todos los actores de esta comedia sin techo en letargo, se despereza en estas horas. No porque los atriles volvieron a ser ocupados por sus protagonistas, con Mauricio Macri en cadena de animadores audiovisuales y gráficos, y Cristina de Kirchner en peroratas con libreto viejo.

 

También porque las brigadas ensayarán en la semana que arranca la vuelta a la actividad, para cumplir con promesas demoradas hasta el segundo semestre, que parece ya un verdadero ciclo mitológico donde deberían ocurrir maravillas de escenario. La principal movida es la parición del decreto de reglamentación de la ley de blanqueo, cuya promulgación se conoció el viernes en el Boletín Oficial. El mimo con que trata el gobierno esta iniciativa debió prever que esa promulgación debió ir acompañada de las normas para su aplicación concreta y efectiva. Pero los funcionarios encargados de tramitar esa reglamentación se enredaron en posiciones entre las que deberá arbitrar el propio Macri hoy.
    El propio presidente se sentó la semana anterior con ese grupo para escuchar sus posiciones; fue el martes en Casa de Gobierno y escuchó a Alfonso de Prat Gay, Luis Caputo, Mario Quintana, el secretario y Legal y Administrativo del ministerio de Hacienda Marcelo Griffi y Fabián Rodríguez Simón. Acordaron un round último de consulta con las dos personas que sirven de papel de tornasol de las decisiones del gobierno en esta materia: Prat Gay, que partió a la China sin responder a la versión final, y Elisa Carrió, que está convaleciente en su chacra de Capilla del Señor de un pico de potasio y que debe darle el hilván final a ese reglamento. El ministro ha resistido el blanqueo por razones éticas y, se diría casi, religiosas – la ortodoxia de convicciones repudia la usura – y la diputada es el último linde que deben respetar las decisiones del gobierno. Carrió ya logró que se restringiera mucho el blanquero de manera de evitar que se colasen corruptos de ayer, de hoy y de siempre. En ese debate de puertas adentro los tantos están divididos, como me dijo uno de los protagonistas “entre quienes quieren facilitarle la vida a los que blanquean y quienes quieren hacérsela más difícil. Adiviná en qué bando están Lilita y Alfonso” (risas). La intención proselitista del gobierno es que la oposición no tenga argumento para decir que este es un gobierno de ricos que se hace una ley para blanquear sus indecencias. El punto más discutido en ese debate sobre la reglamentación es la amplitud que el art. 88° de la ley le da a la UIF para usar datos de blanqueados para que los aprovechen reparticiones. Eso queda muy restringido en la nueva versión de la reglamentación, y sólo para casos de manifiesta evidencia de narcotráfico o terrorismo. Anoche me dijeron en el gobierno que la versión final de la reglamentación se la presentarán hoy a Macri. Si firma el decreto, mañana estará en el Boletín Oficial.
    En Olivos esperan que la publicidad de la reglamentación desencadene una avalancha de dólares sobre la economía; los mismos que iban a llover cuando se arreglase el entuerto con los bonistas irredentos del juzgado de Tomas Griesa, pero que todavía no llegan. En el gobierno insisten en que el número a lograr por el blanqueo supera los pronósticos más optimistas, y que le Tesorería quedaría en condiciones de no tener que tomar deuda durante todo el mandato de Macri. Esa reglamentación es un bombón para contadores y abogados, que ya tienen cola en sus estudios de clientes que quieren poner sus papeles en orden. Los mismos funcionarios del gobierno prepararán el proyecto de creación de la figura del delator fiscal o sicofante; esta página adelantó ya que, si se aprueba en tiempo, regirá después del vencimiento del blanqueo y expondrá a los réprobos del sistema impositivo a la delación de allegados, mayordomos, amantes, socios, parientes y ex de toda índole. Quién haga una delación probable tendrá además premio. Un borrador de ese proyecto habla de una recompensa de hasta el 30% de lo recobrado por este original sistema. Y desde enero próximo, el final: regirán los acuerdos con otros países para entrecruzar información fiscal.
    El blanqueo es una vieja ilusión de todos los gobiernos, que presumen todos que hay un PBI, o dos PBI, escondidos en el colchón de los argentinos (colchón, o símil colchón, es decir Uruguay, Miami, Suiza, Panamá, convento, cueva, burra, canuto, caja bancaria o caja personal con simple o doble fondo). Toda la ingeniería cambiaria y fiscal de los gobiernos Kirchner se basó sobre esa presunción; las normas sobre cobro de retenciones, comercio exterior, dejais, cepos, corralitos, etc., respondieron todas a la intención de que los argentinos abrieran la burra y sacasen sus dólares atesorados para volcarlos a la economía. El gaucho, que es más vivo que el recaudador, se libró de esas restricciones; más aún, logró aumentar su acceso a dólares atesorables, como ahora confiesa en sus sermones laicos la propia Cristina. El nuevo gobierno incurre en el mismo diagnóstico y abre el blanqueo con más franquicias con la ilusión de que los vecinos abran el monedero. Este es un gobierno blanqueador porque se anota en la línea liberista de la economía. Le falta, como a todas las administraciones que en el mundo han sido, promover la confianza en el futuro para que se abran los morrales. Corre el riesgo, además, de que su pasión por el blanqueo lo exponga a acusaciones y sospechas; pueden venir de los organismos de control internacional, como el GAFI, que regulan la canilla sobre qué caudal puede permitirse blanquear. La oposición peronista, que no pudo hacer un blanqueo en serio con los CEDIN, espera para acusar al gobierno de promover un paraíso fiscal.
    En la semana habrá un nuevo tribunal para que esto se discuta, porque el ministro Rogelio Frigerio ha llamado para el jueves a un seminario en la SIGEN en donde el gobierno lanzará la segunda etapa de la reforma política y que se refiere al odioso capítulo del financiamiento de la política. En esa oportunidad van a exponerse los lineamientos de la idea que tiene el gobierno sobre esa cuestión, con el auxilio de algunas ONG que quieren aportar lo suyo. La oposición está atenta a lo que anuncie el gobierno porque cree que todo lo que anuncia en materia política y electoral está amañado para embromarlos a ellos. Muestran como ejemplo la primera etapa de la reforma electoral, que incluye los cambios en uso de boletas para votar. Ese proyecto que ya se usó en la Capital Federal con la boleta electrónica, y con variantes en Córdoba, Salta y Santa Fe, está bajo análisis de los partidos y en la primera semana de agosto ocupará a las comisiones del Congreso. Pero los peronistas ya van con los deberes hechos y van a objetar que en el nuevo régimen no se le permita al votante elegir candidatos de diversos partidos para las distintas categorías que se sufragan. Si un votante quiere un intendente del PJ, pero un gobernador del Pro y un diputado radical, según el proyecto que se ha hecho circular, no está permitido. Deberá elegir esas categorías dentro del menú de un mismo partido o alianza. Los intendentes del conurbano, que son los reyes del cóctel, ya están sobre aviso. Es conocido que los alcaldes suelen promover cócteles de boletas según el humor de cada barrio, y ofrecen combos de boletas de partidos distintos para distintas categorías para acompañar la boleta propia. Muchos intendentes peronistas se han asegurado poder ofreciendo su boleta en un sobre en la que están el candidato a presidente del Pro, el senador radical y el gobernador socialista, según el barrio de que se trate. Esto, creen algunos peronistas que presumen de ver bajo el agua, perjudica hoy al peronismo porque la ola de descrédito de ese partido la margina como sello en las preferencias del público. En la góndola del cuarto oscuro, imaginan, hay que ser corajudo y militante para elegir la boleta PJ. Eso beneficiaría a otros partidos. Nunca se sabe, pero están alertas.
    Otra objeción que han detectado es que la norma dice que en las provincias en donde no se pueden adoptar las reformas, el sistema seguirá siendo el anterior, sin obligación de adaptarse. Eso quiebra la intención de que las elecciones sean todas en el mismo día, y sólo podría superarse con una ley-acuerdo a la que adhieran todas las provincias con reformas de sus legislaciones locales. Eso es imprescindible para los distritos en donde hay formas de acople de candidaturas (colectoras, lemas, listas-espejo), como ocurre en Tucumán, escenario del escándalo electoral que agita el gobierno como modelo de lo que no se quiere hacer más. Los funcionarios que llevan adelante esa reforma y que estará el jueves en la SIGEN (Rogelio Frigerio, Adrián Pérez) le llevaron la idea a Macri de que había que aplicar las reformas de manera gradual. Recibieron una respuesta airada: de ninguna manera, se aplica toda en las elecciones del 2017. Para Macri el modelo porteño tiene un alto prestigio en el público y funcionó bien, y hay que aprovechar ese prestigio para nacionalizar el sistema. Le explican que es difícil, pero no ha dado el brazo a torcer. Vale aquí el uso del prestigio de una marca, una especie de Metrobus electoral. El Metrobus parece mágico, pero es un carril exclusivo, algo que siempre existió, sin el prestigio de la obra, que para algunos fue clave para la popularidad de Macri.
    Quienes proponen gradualismo en el gobierno suelen chocar con los ángeles del shock, que tienen una explicación elemental que es importante retener para entender muchas cosas: Cambiemos es el gobierno de una UTE, es decir una alianza “temporal”. Durará lo que dure el gobierno. Gerardo Morales llegó a decir que sólo existiría hasta las elecciones. Para un gobierno así, no hay largo plazo. Todo tiene que hacerse ahora, o nunca, porque no hay una segunda oportunidad en otro momento de la historia. Un funcionario que no logre ahora su proyecto no tiene una estructura mental e institucional que le permita pensar: bueno, por ahora saco esto, y después esto otro. No hay un después para Cambiemos. Por eso repite Macri una frase que le dijo el rey Juan Carlos, el Viejo, en Tucumán el 9 de julio: “- Tienes que hacer ahora, en el comienzo de tu gobierno, lo que quieras hacer. Después no habrá tiempo”. El peronismo funciona de otra manera; es una organización que viene de atrás del tiempo y que sabe que seguirá existiendo en el futuro. Lo que un funcionario no haga ahora, puede proyectarlo para otro momento. Para el peronismo el cartero siempre llama dos veces. Para Cambiemos, llamó una vez, y gracias a Dios que lo hizo. Esto no habla ni bien ni mal de unos u otros, pero entenderlo es clave para conocer la vocación por el shock y el desdén por la política que tiene un amplio sector del oficialismo. La política es el largo plazo, la gestión es el ahora, y eso divide a las fuerzas de Cambiemos: los que creen que les sobra la política porque tienen la gestión, y los que creen que la política hace posible la gestión, y que hay momentos en los que la gestión falla y sólo te queda la política. Esto es lo que dicen hoy algunos radicales.
    Volviendo a la realidad, otra prevención que tienen los mirones del sistema electoral es que el gobierno quiera permitir, en la reforma del sistema de financiamiento, que las empresas y organizaciones puedan hacer aportes de campaña. Hoy están prohibidos y sólo los pueden hacer las personas. Todos entienden que, en un país con la mitad de su economía en negro, es difícil que haya transparencia justamente en el financiamiento de la política, que es el talón de Aquiles en todos los países del mundo. La Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. dio un fallo polémico en junio de 2011 que permitió, después de décadas, ese tipo de financiamiento. Barak Obama y los demócratas lo condenaron porque entienden que esas liberalidades benefician a los partidos conservadores. Eso es cierto en la Argentina, en donde la principal formación conservadora, el peronismo, tiene un fuerte financiamiento empresario, como se demostró en las elecciones de 2007 que son hoy tema de investigación judicial. Si el gobierno confirma esta presunción de que va a una autorización para el financiamiento empresario de la política, habrá agrias discusiones también hacia adentro del oficialismo, porque Carrió es muy crítica de esos aportes. Ella y su partido, como hace dos décadas el FrePaSo, son la prueba de que, en política, billetera no siempre mata galán. Ganaron elecciones y llegaron al poder con campañas de tiza y caminata, ganándole a partidos que tenían el respaldo de todos los empresarios del país. Anotá esto, y no lo olvidés jamás.
    Hablando de paraísos, el gobierno festeja que su enemigo en la guerra del juego ya se rindió. El titular del grupo Zapla (funde todo lo que toca) Cristóbal López puso en venta la totalidad de sus intereses en la actividad; pide U$S 300 millones y tira la toalla. Hasta ahora se conoce una negociación para desvincularse de la empresa de los barcos que, además, tiene parte de un casino en Miami. La cesión al socio Ricardo Benedicto, según se ha enterado el gobierno, obedece a una presión de la autoridad regulatoria del estado de la Florida para apartar al empresario kirchnerista de esa firma, so amenaza de cancelarle la licencia. No se sabe que López se haya desprendido de su parte en el Hipódromo de Palermo. Igual esas empresas ya empezaron a pagar impuesto a los Ingresos Brutos, amenazado por la cancelación de las licencias desde que salió el decreto que reconoce la jurisdicción del gobierno de la ciudad sobre la actividad. Eso motivó que la semana pasada se verificasen diez allanamientos a las tragamonedas, que redundaron en tres clausuras de sectores por razones de higiene. De paso: el propio Macri se dice tocado por las chanzas contra su persona en el programa de Tinelli y lo atribuye a cuestiones personales. Debería admitir que el animador conduce una rutina que produce una empresa de López, al que el gobierno considera un enemigo terminal al que se lo combate sin cuartel. Eso explica esas astracanadas cuyas consecuencias exagera el gobierno, porque ni De la Rúa cayó por las imitaciones tinellianas ni Francisco de Narváez ganó por el “Ali-Alicate”. Estas constancias le aguan el festejo al gobierno cuando ve que López se aparta del juego, pero resiste desde las pantallas de los medios que controla.
    De esto se va a hablar en estas horas también en la otra movilización política de la semana, que organiza para mañana el peronismo. Será a mediodía en la Universidad de La Matanza y convoca el PJ nacional y el provincial, es decir José Luis Gioja y Fernando Espinoza. Han llamado a gobernadores de todo el país y se espera que se acerquen estrellas de la oposición como Gildo Insfrán, Daniel Scioli, legisladores e intendentes de Buenos Aires. Le rendirán un recuerdo a Eva Perón en la fecha de la muerte, y les servirá para muscular en la intemperie. Nadie anuncia algo más, pero Gioja se ocupó toda la semana en que haya presencias de importancia. Desde ya que el show lo aprovecha Espinoza y la intendenta local Verónica Magario, que administra ese distrito que equivale a una provincia argentina. El diputado por San Juan tiene que revestir su rol de presidente del partido de cierta firmeza porque ese sello tiene decisiones que sostener. Una de ellas es cubrir la vacante que puede liberar Ricardo Echegaray en la AGN. Ya las autoridades del Congreso le han comunicado al PJ que lo reemplace por alguien que no esté procesado. En el formato original de la primera posguerra – es decir apenas el peronismo perdió las elecciones – ese cargo iba a ir para Eduardo Fellner, entonces presidente del PJ. Cristina de Kirchner lo tumbó para imponer, en el último resto de fuerza que le quedaba antes del 10 de diciembre, a Echegaray. Ahora que el ex AFIP está inhabilitado, Fellner no puede retomar ese proyecto, porque él también ha quedado baleado por su gestión jujeña. Eso reflotó la idea de que vaya de nuevo Oscar Lamberto, a quien algunos peronistas del Congreso quieren dificultarle las cosas porque en algún momento firmó un dictamen muy crítico hacia el anterior gobierno sobre el programa del fútbol para todos. Eso hizo circular otros nombres, pero es difícil lograr el perfil adecuado, porque la ley dice que para ser auditor hay que que tener “título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho, con probada especialización en administración financiera y control”, algo que tampoco abunda. Eso inhabilita a algún nombre que circuló en la semana, ligado al sciolismo, que no mencionaremos aquí para no jugarlos en alguna carambola.
    En el oficialismo y en la oposición están alertas por estas loterías de cargos que en cualquier situación normal se distribuyen según comarcas de poder. Ahora lo que tienen en la mira es la vacante en la Cámara Nacional Electoral que dejó la muerte de Rodolfo Munné, que ocurrió en enero pasado. Ese tribunal es uno de los más codiciados porque tiene una carga de trabajo estacional y provee de mucho poder a quienes lo integran, como ocurre con todos los funcionarios del fuero electoral. Por tradición, esa cámara se designa por loteo; sus actuales integrantes, que tienen alto prestigio, provienen del radicalismo (Alberto Dalla Vía) y del peronismo (Santiago Corcuera). La vacante que queda disponible, y que debería ser provista con vistas hacia las elecciones del año que viene, tiene derecho a reclamarla el Pro, y para eso ha puesto en circulación el nombre de la abogada Marcela Basterra, profesora de derecho Constitucional que viene de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, y que es promovida por Horacio Rodríguez Larreta, con quien ella ha trabajado como asesora directa junto a otros macristas que hoy están en la órbita nacional, como Pablo Clusellas. Basterra es vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteña en representación de los abogados y entiende que está para más. Una escala hacia la fama puede ser la Cámara Nacional Electoral. Para ese puesto hace falta gente que conozca la materia electoral y seguramente hay expertos que pueden aspirar a ese cargo, como el radical Alejandro Tullio, que fue Director Nacional Electoral de los gobiernos desde 1999 (lo designó Fernando de la Rúa y lo confirmaron Eduardo Duhalde y los Kirchner), o el peronista Jorge Landau, ex diputado y apoderado del PJ. Son las dos personas que más experiencia tienen en materia electoral, o la radical Delia Ferreira Rubio, hoy en la tarea académica. También está el fiscal electoral de primera instancia y de cámara Jorge Di Lello, que, si se queda con solo uno de los cargos que ejerce, libera una vacante más. Son gente con experiencia, pero su trayectoria puede ser el escollo para que alguien los nomine para ser camaristas electorales. Eso libera el camino a principiantes que ejercerán el cargo haciéndose asesorar por quienes saben, es decir los experimentados.
    Los radicales también arrancan la pretemporada del segundo semestre con una convocatoria de alto simbolismo, que es el acto de desagravio a Chacho Jaroslavsky por la profanación de su tumba en el cementerio de Victoria, Entre Ríos. Una banda de dementes hizo desmanes en ese lugar el mismo día cuando se recordaba el atentado a la AMIA y eso levantó la indignación de todos. Mañana estará en Victoria, comuna que gobierna un intendente radical, la cúpula del partido con los jefes de los bloques legislativos para desagraviar al legendario “látigo” del bloque UCR en la década inicial de la democracia, a la comunidad ofendida y también para probar músculo hacia adentro del partido. Las tensiones son más fuertes con los socios del Pro que gobiernan sin darle mucha parte a los radicales, cuyo apoyo descuentan porque si no lo hacen la sociedad se lo reclamaría. Como las relaciones siguen enfriadas a medida que avanzan los meses hacia las elecciones del año que viene, en distritos como la Capital ya se habla de que los aliados de Cambiemos irán a las elecciones en listas separadas y compitiendo. Las relaciones con el Pro producen también diferenciaciones evidentes entre los dirigentes. Un Ernesto Sanz sale a apoyar sin restricciones al gobierno, mientras que la dirigencia media de la provincia de Buenos Aires no termina de entender los mimos de María Eugenia Vidal hacia los intendentes del peronismo como si éstos fueran a resignar sus intereses en las elecciones que vienen.
    De los desencuentros y desengaños de los radicales con el PRO en Cambiemos se habló y mucho en el almuerzo del Grupo Progreso de la UCR el jueves en el emblemático Lalín, adonde fueron convocados un pensador radical como Daniel Larriqueta y un periodista peronista como Carlos Campolongo bajo el lema “¿Que Argentina queremos?”. Entre los concurrentes estaban Elsa Kelly, Osvaldo “Obispo” Bisciotti, José Bielicki, Héctor Lombardo, Miguel Ponce, Carlos Pérez Gresia, Diego Barovero, Miguel Ángel Espeche Gil, Juan Carlos Valente, Charo López, Eduardo Camara, Florencia Saborido, Mario Mazzitelli (partido Socialista Auténtico), Santiago Senen González, Graciela Petcoff, Ivo Holsinger, Martín Schwab Etchebarne, entre otros. Los oradores coincidieron en la evaluación de la actualidad, juzgando críticamente la visión del actual oficialismo nacional al que acusaron sin ambages de ser una expresión conservadora y reincidente en la aplicación de políticas socioeconómicas excluyentes y neoconservadoras. Las encendidas intervenciones de los disertantes y el efecto etílico del bien regado almuerzo (que parece haber levantado el nivel para el paladar radical) fueron incentivo suficiente para que se levantara una ola crítica de los correligionarios para con sus socios electorales a quienes aprovecharon para castigar por los errores de gestión endilgándoles a la falta de consulta a los cuadros radicales y a un supuesto egoísmo del presidente y su círculo más cercano para con aquellos. Algunas voces intentaron una defensa poco eficaz del rol del radicalismo en el elenco oficial (“nuestro gobierno”, se balbuceo) que fueron severamente cuestionadas y desautorizadas por la mayoría de los comensales, lo que anticipa el clima que se vive en vagos sectores de la militancia y dirigencia de boina blanca y que puede palparse por caso en la reciente declaración crítica del Comité Provincia que conduce con mayoría relativa Ricardo Alfonsín que será el próximo invitado a la Peña el jueves próximo.


 

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