Otro velo que se corre: los negocios con el bloque bolivariano

Las evidencias del delito corroen el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero ella intenta una salida: replegarse, acaso junto a Lula, en una cofradía regional de víctimas del imperialismo, bajo la advocación de Hugo Chávez. Ensayó ese movimiento la semana pasada, con el pretexto de que el caudillo caribeño cumpliría años. Pero esa fuga la condujo a otra encerrona. Mientras la ex presidenta lloraba a Chávez, aparecían detalles de los negociados de su administración y la de Venezuela. Es otra dimensión del mismo escándalo: la corrupción en las relaciones exteriores, con Julio De Vido como su tenebroso canciller. Ese enlace, que caracteriza el último ciclo de la peripecia latinoamericana, se va develando poco a poco. Por los infortunios del kirchnerismo y por el colapso bolivariano.
De Vido ha demostrado una habilidad prodigiosa para montar negocios a partir de las crisis que él mismo provocaba. La controvertida relación con el chavismo nació al amparo de las dificultades energéticas. Y de una concepción del comercio exterior basada en los intercambios entre Estados. El fideicomiso para canjear combustibles por alimentos o manufacturas nació con esas coordenadas.

 



Las irregularidades cometidas al amparo de este trueque se conocieron muy temprano. Todavía gobernaba Kirchner y el entonces canciller Rafael Bielsa pidió ser relevado de las relaciones con Caracas. Fue premonitorio: el 4 de agosto de 2007 fue interceptado en el Aeroparque Guido Antonini Wilson con 800.000 dólares en una valija. Un José López de juguete.

Más adelante, el embajador Eduardo Sadous denunció la existencia de una embajada paralela en Venezuela, administrada por Claudio Uberti, el amigo de Antonini, y por el consejero comercial Alberto Álvarez Tufillo. Sadous fue llevado a la Justicia y, como nadie corroboró sus imputaciones, terminó procesado por falso testimonio por el juez Rodolfo Canicoba Corral, a pedido del fiscal Jorge Di Lello. Sobre los hechos señalados por Sadous sigue abierto un expediente en el juzgado de Julián Ercolini. Recuerdos de Carl Honoré: Elogio de la lentitud.

Tufillo fue dichoso. Fue ascendido a embajador y destinado ante el bolivariano Rafael Correa, en Ecuador. Bielsa fue removido. Y Cristina Kirchner expulsó a su sucesor Jorge Taiana. Ajeno a estas fechorías, Taiana fue acusado de filtrar información al periodismo. "Tendrías que aprender de Amado, que es leal", lo ofendió su jefa. Así llegó Héctor Timerman, una de cuyas primeras decisiones fue despedir al subsecretario de Integración Eduardo Sigal por informar sobre aquella embajada paralela. En el altar del tráfico con el chavismo fue sacrificado todo un equipo de política exterior.

Sadous señaló a José María Olasagasti, el secretario privado de De Vido, como uno de los encargados de pedir sobornos. Ahora, como reveló el diario Clarín, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y la fiscal María Luz Rivas Diez investigan a un allegado a Olasagasti, el empresario Juan José Levy, por operaciones irregulares con Venezuela: desde venta de productos de limpieza con fabulosos sobreprecios hasta transferencia de decodificadores de TV adquiridos en Hong Kong, y no fabricados en la Argentina, como exigía el reglamento del fideicomiso bolivariano.
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Como sucede con Lázaro Báez y las constructoras, el escándalo de Levy amenaza a todo un sector empresarial. En la Aduana investigan a otros importadores con negocios con el Estado: entre ellos PC Arts Argentina, Informática Fueguina, Newsan y Jukebox. Otro dolor de cabeza para Ricardo Echegaray, el ex mandamás de la AFIP.

El padre de Levy fundó en Palermo el laboratorio Esme, para fabricar pasta dental y gel de baño. Esa actividad no alcanza a explicar la llamativa fortuna acumulada por el hijo. Vive en una gran casa del barrio La Isla, de Nordelta, vecina a la de Sebastián Eskenazi, otro engranaje del kirchnerismo empresarial. Levy comenzó a realizar viajes y fiestas opulentas, a las que a veces llegaba en helicóptero. Su adquisición más reciente fue una Porsche Macan, "igual a la que tiene Tevez", como él dice. Levy se ufana de su amistad con Olasagasti. Y de conocer a Facundo De Vido, el hijo del ex ministro. Los De Vido, ingratos, lo niegan.

Gran parte de la información que se investiga en tribunales proviene de una feroz pelea de Levy con su hermano Alejandro, que estaría vinculado a Daniel Scioli. El ex gobernador ingresó en su infierno astral: Elisa Carrió investiga su enriquecimiento y anoche Luis Majul reveló que casi quiebra el Banco Provincia. Seguro hoy Gustavo Ferrari y Fabián Perechodnik renunciarán al gabinete de María Eugenia Vidal en solidaridad con su antiguo jefe.

De la contienda entre los Levy emanan datos inconvenientes. Sobre todo los innumerables viajes a Venezuela, Qatar y Panamá, además de inversiones en Miami. Como suele suceder en estas trifulcas familiares, los hermanos de Levy levantan el dedo contra su cuñada, María Julieta Ratto. La controversia patrimonial alimentó varios expedientes. Quienes están enfrentados a Juan José salieron derrotados. Acusan de ese desenlace a Olasagasti, por su relación con Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo y gestor judicial de De Vido. Antes de abandonar los cargos públicos, Olasagasti anunció a algunos allegados que sería el nuevo gerente general de Radio El Mundo. En ese entonces Levy negociaba la compra de esa emisora. Soñó repetir la historia de Gerardo Ferreyra, Cristóbal López o Báez: blindar sus negocios con los medios. El genial Manuel Castells explica que las mafias hacen lo mismo.

El derrumbe del kirchnerismo está lleno de curiosidades. La última responsabilidad oficial de Olasagasti fue en la ex SIDE, a las órdenes de Oscar Parrilli. Ahora Parrilli, acusado de negligencia en la persecución del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, debe ser investigado por el juez Lijo. ¿Qué conducta asumirá Olasagasti? ¿Ayudará a su antiguo jefe o colaborará en su destrucción? El kirchnerismo se divide frente a ese interrogante. Sobre todo desde que la esposa de José López comentó a sus íntimos que quien alertó al ex secretario de Obras Públicas de que podrían allanar sus domicilios e incautarle su fortuna fue Olasagasti.

Mientras salían a luz Levy y sus relaciones con Venezuela, De Vido y sus suministros electrónicos provocaron otro escándalo. El juez Juan Carlos Gemignani, presidente de la Cámara de Casación Penal durante la feria judicial, descubrió en un recinto del primer piso de Comodoro Py un conjunto de computadoras, televisores, teclados y monitores sin inventariar. Estaban allí a instancias de la camarista Ana María Figueroa. Militante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, en diciembre pasado Figueroa había informado a sus colegas que De Vido le había ofrecido equipos del programa Argentina Conectada. Le explicaron que, si los aceptaba, incurriría en el delito de percepción de dádivas o, más grave aún, cohecho. Sobre todo porque De Vido, como otros tantos kirchneristas, están involucrados en causas que se tramitan en ese tribunal. Figueroa no entendió y aceptó los materiales.

Esta camarista ha sido la principal gestora de los intereses del kirchnerismo en el máximo tribunal penal. Su acción más llamativa, tal como informó la nacion el 7 de julio pasado, fue solicitar, al trasladarse de la Sala II a la Sala I, seguir interviniendo en las causas relacionadas con el atentado contra la AMIA. En los tribunales atribuyen el pedido a una exigencia de Carlos Zannini. También resultó escandalosa la demora de Figueroa, que preside la Sala I de Casación, en el trámite de 46 causas que no estaban siquiera registradas.

Así como recibió el equipamiento de De Vido, Figueroa ya había aceptado un cheque de $ 530.000 del Consejo de la Magistratura, para realizar refacciones sin licitación. La revelación de estas novedades llevó al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Guillermo Lipera, a pedir al Consejo de la Magistratura una auditoría sobre la Sala I de la Cámara, que conduce Figueroa.

El descubrimiento de Gemignani se inscribe en esta secuencia. Y desató una guerra dentro de la Cámara. El juez denunció a Figueroa ante el Consejo de la Magistratura. Pero quedó envuelto en un conflicto delicado al pretender inventariar el material enviado por De Vido. En un primer intento, el martes pasado, la secretaria de la sala, Carolina Dragonetti, solicitó postergar la diligencia un par de días. De inmediato el camarista Slokar se comunicó para evitar ese registro. ¿Quién le habrá avisado? El jueves, Gemignani encontró otra dificultad: la subsecretaria de la Sala, María Amelia Expucci, que trabaja a las órdenes de Figueroa, se resistió a labrar el acta con el inventario. El juez, entendiendo que estaba ante un encubrimiento y no ante una simple insubordinación, pidió al personal de seguridad que Expucci fuera remitida al juez de turno, Marcelo Martínez de Giorgi.

Expucci quedó detenida durante una hora y media, por lo que denunció a Gemignani por privación de la libertad ante Daniel Rafecas. Este magistrado deberá decidir si remite el expediente a Martínez de Giorgi.

Los integrantes de Justicia Legítima denunciaron a Gemignani por abuso de autoridad. La Asociación de Magistrados también lo censuró. Entre los líderes de esa organización está el consejero de la Magistratura Luis María Cabral, gracias a quien Expucci ingresó a la Cámara. Pero Martínez de Giorgi o Rafecas deberán desentrañar algunas incógnitas. Por ejemplo, si Gemignani ordenó que detuvieran a Expucci. El subcomisario Gabriel Ruiz informó a Gemignani y a sus colegas Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, que Expucci nunca había estado detenida.

La conducta de Expucci fue evaluada por el fiscal de Justicia Legítima Pedro Zoni, quien de inmediato dictaminó la inexistencia de delito. Martínez de Giorgi puede aceptar ese criterio o indagar si, como creyó Gemignani, la secretaria intentó encubrir a su jefa Figueroa y, en todo caso, a De Vido. El ex ministro ayer aportó su interpretación: Gemignani estaría loco.

El conflicto entre Gemignani y Figueroa no se acaba de desatar. Están enfrentados desde hace tiempo. Su mayor desencuentro se debió al pacto entre Cristina Kirchner y Mahmoud Ahmadinejad por la causa AMIA. Gemignani lo consideró inconstitucional. Figueroa lo defendió. Ese acuerdo es enigmático. La explicación más convincente, ofrecida por algunos kirchneristas muy cercanos a la ex presidenta, es que obedeció a una gestión de Hugo Chávez. El fiscal Alberto Nisman fue más allá: denunció que en el medio había negocios energéticos. Es decir, la diplomacia de De Vido.

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